El 4 de marzo de 2002 se anunciaba en el Boletín Oficial la reimplentación de las retenciones, como un “impuesto transitorio, con el objetivo de asistir a los sectores más desprotegidos”. Un tributo que, en ese momento, fue aplicado como algo “excepcional” pero que sigue vigente hasta la actualidad: “Peor aún, poniendo un freno al desarrollo no solo del sector sino también del país”, advierte la Sociedad Rural Argentina (SRA).

Según un informe de la SRA, en el período 2001–2022 los productores agropecuarios transfirieron en concepto de retenciones al fisco más de 175 mil millones de dólares. “Sin embargo, la pobreza aumentó. En 2001 alcanzaba a 16.500.000 personas y en el 2022 el número llegó a 20.200.000”, agregan.

Además, el último censo agropecuario determinó que hay 70 mil productores menos. Pasaron de 297.000 a 227.000 en dicho período.

“Ese dinero podría haber sido destinado a hospitales, escuelas, infraestructura, atención a la población, pero esto no sucedió: se repartieron subsidios en vez de promover la cultura del trabajo y la productividad”, remarcan desde la entidad de productores.

La SRA agrega que, en estos momentos, en donde la sequía pega fuerte, las retenciones ponen a los productores al límite de la sustentación económica ya que se aplica la alícuota directamente al precio de mercado o de venta de los productos: “En este año electoral, le solicitamos a todas las fuerzas políticas que nos digan qué van a hacer con este impuesto cuando les toque gobernar, ya que es imposible concebir el futuro del país que no contemple al campo en el centro de la ecuación económica”.

Retenciones en la agenda de las elecciones 2023

En el marco de la apertura de las sesiones ordinarias 2023 del Poder Legislativo, la Sociedad Rural Argentina solicitó a todas las fuerzas políticas con representación en el Congreso que traten dentro de la agenda de proyectos del año, el tema del impuesto de las retenciones.

Un trabajo técnico que realizamos en la entidad, demuestra que el costo fiscal que ha tenido la implementación de la política pública del “Dólar Soja” en sus diferentes versiones, hubiera sido el mismo que reducir a la mitad todas las alícuotas de los derechos de exportación: “Creemos importante que puedan elaborar un proyecto de ley para su discusión legislativa”.

El estudio estima que para 2023 los derechos de exportación representarán unos U$S 8500 millones con alícuotas que van del 4,5 al 33%, en tanto el dólar soja 2022 tuvo un costo fiscal de U$S 4.437 millones monto equivalente a reducir las alícuotas de retenciones un 52% en promedio.

“El contexto climático y productivo que está atravesando el sector en todo el país es crítico, y por tal motivo les hicimos llegar una propuesta de trabajo a diputados y senadores, para que puedan incluir en los temas de debate de la agenda parlamentaria”, explicó Nicolás Pino, presidente de la entidad.

Las retenciones son un impuesto distorsivo que muestran sus peores efectos en estos momentos donde hay productores tributando sin saber siquiera, si van a tener una ganancia sobre su inversión y trabajo o peor aún, tributando bajo la línea de sostenibilidad financiera.

Desde la entidad están convencidos de que constitucionalmente, la potestad de modificar las alícuotas, sacar y crear impuestos es facultad del Poder Legislativo. “Y estamos convencidos también que si se hubieran bajado las retenciones hace meses, la situación del sector sería distinta ante este desastre que nos toca atravesar”, expresó Eloisa Frederking, secretaria de la SRA y Coordinadora de la Comisión de Acción Legislativa.

Este pedido se enmarca en el reclamo que viene llevando adelante la SRA con el amparo presentado en el Poder Judicial por la inconstitucionalidad e ilegalidad en el cobro de las retenciones y también, con la presentación de esta propuesta al Poder Ejecutivo, semanas atrás.